Claudia Sheinbaum firma decreto para fortalecer la transparencia, un año después de la desaparición del INAI

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó en Palacio Nacional un decreto orientado a fortalecer la transparencia en todas las dependencias del Gobierno federal, con el que busca quitarle a los propios servidores públicos el criterio para decidir qué información se hace pública y cuál se reserva.

“Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier Secretaría”, explicó la mandataria durante “Las mañaneras del pueblo”. Según detalló, el decreto establece lineamientos específicos sobre qué debe considerarse información pública y en qué casos procede una reserva, ya sea por seguridad nacional o por estar sujeta a un procedimiento administrativo o judicial en curso.

Menos reservas, más versiones públicas

Entre las medidas anunciadas está la simplificación de las 17 causales de reserva de interés público y seguridad nacional que existen actualmente, así como la instrucción de priorizar versiones públicas de los documentos en lugar de reservas totales. Sheinbaum adelantó también que, en aproximadamente un mes, se reforzará la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y que cada mes se dará a conocer el detalle de los contratos públicos.

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones legales vigentes y fomentar la máxima publicidad de la información gubernamental, mientras se prepara una reforma a la Ley General de Transparencia que incorpore estas disposiciones de manera permanente. Esa iniciativa, señaló la propia presidenta, se enviará al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

¿Por qué es importante?

El decreto llega poco más de un año después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejara de existir como organismo autónomo. El órgano —creado en la década de los 2000 y que durante más de veinte años resolvió solicitudes de información y recursos de revisión de manera independiente del Ejecutivo— se extinguió formalmente en mayo de 2025, tras una reforma constitucional impulsada desde el gobierno anterior encabezado por Andrés Manuel López Obrador que eliminó siete organismos autónomos. Sus funciones en materia de transparencia y protección de datos pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia que, a diferencia del INAI, forma parte del propio Poder Ejecutivo.

Ese cambio de diseño institucional es justamente lo que vuelve relevante este decreto: al desaparecer un árbitro autónomo que vigilaba al gobierno desde fuera, la responsabilidad de garantizar el acceso a la información recae ahora en una secretaría de Estado que depende de la misma Presidencia sobre la que debe vigilar. El decreto puede leerse como una respuesta a esa preocupación —fijar reglas más claras y menos discrecionales para evitar que la nueva estructura derive en más opacidad—, pero también reabre la pregunta que especialistas en transparencia han planteado desde la desaparición del INAI: si un mecanismo de control interno puede ofrecer las mismas garantías de independencia que ofrecía un organismo autónomo. La iniciativa que el gobierno enviará al Congreso para incorporar el decreto a la Ley General de Transparencia será la prueba de fondo sobre si estas reglas se convierten en obligación permanente o quedan sujetas, de nuevo, a la voluntad de la administración en turno.