AMTRIJA pide reforma constitucional para blindar tribunales

La justicia administrativa estatal, esa que resuelve desde una multa de tránsito impugnada hasta la legalidad de una licitación millonaria, llegó al Senado con una petición concreta: un candado constitucional.

En la mesa de trabajo “Justicia administrativa y zona metropolitana”, el presidente de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), Andrés Ángel Aguilera Martínez, propuso reformar los artículos 116 y 122 constitucionales para consagrar la plena independencia de estos tribunales en las entidades federativas.

La respuesta llegó a pregunta de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la Mesa Directiva, sobre cómo proteger a los órganos jurisdiccionales frente a los gobiernos locales. La fórmula del magistrado fue directa: reforma constitucional, no ajustes secundarios.

El otro déficit: presupuesto y justicia digital

Aguilera expuso un segundo frente menos visible pero igual de estructural: los tribunales estatales carecen de recursos para operar juicios en línea e interconectarse con el Poder Judicial de la Federación. El ejemplo que puso es revelador del nivel de precariedad: no alcanza ni para licencias de ciberseguridad.

El diagnóstico se inscribe en el plan de tres ejes que la asociación, integrada por más de 200 magistradas y magistrados, trabaja desde marzo: autonomía e independencia, modernización digital y profesionalización con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

“Venimos a ofrecer nuestro servicio al servicio de México”, planteó Aguilera ante las legisladoras, en un posicionamiento que buscó marcar distancia del tono de queja gremial.

El Senado abre la puerta

Las senadoras María Guadalupe Chavira de la Rosa, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, y Gutiérrez Escalante se comprometieron a construir una agenda legislativa conjunta con tres componentes: autonomía presupuestal, justicia digital y homologación de criterios entre entidades.

Gutiérrez aportó además un ángulo poco explorado en el debate judicial: el metropolitano. “La justicia no puede ser ajena al entorno donde vive la gente, donde trabaja, donde se traslada”, señaló, al vincular el desorden urbano con las asimetrías en el acceso a la justicia.

En la mesa también se plantearon la homologación de andamiajes jurídicos entre estados (magistrado Alejandro González Navarro), un comité interinstitucional de igualdad sustantiva que replique la experiencia de 15 años de la Ciudad de México (magistrada Estela Fuentes Jiménez) y un foro nacional con los integrantes de la asociación (magistrado Jesús Anlén).

¿Por qué importa?

La propuesta de la AMTRIJA no llega en el vacío. Desde la reforma judicial de 2024 y la elección popular de juzgadores federales de 2025, la independencia de los órganos de impartición de justicia se convirtió en el eje del debate institucional mexicano. Los tribunales de justicia administrativa estatales, que obtuvieron autonomía constitucional con la reforma anticorrupción de 2015, como recordó en la mesa el magistrado Jesús Anlén, son los que revisan la legalidad de los actos de los propios gobiernos que, en muchos casos, definen sus presupuestos. Ese es exactamente el conflicto de diseño que la reforma a los artículos 116 y 122 buscaría resolver: que quien es juzgado no controle la chequera del juzgador. Si la agenda acordada con el Senado prospera, sería el primer reacomodo constitucional de la justicia local en la era post-reforma judicial.