A 90 años del TFJA: la justicia administrativa cierra filas mientras se debate la independencia judicial
Un aniversario redondo suele ser ocasión de ceremonia. Pero cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) celebró sus 90 años junto al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), el mensaje de fondo fue menos conmemorativo y más estratégico: la justicia administrativa mexicana está cerrando filas.
El acto, encabezado por los magistrados presidentes José Ramón Amieva Gálvez (TFJA) y Andrés A. Aguilera Martínez (TJACDMX), incluyó la develación de una placa que formaliza la relación entre ambas instituciones. La magistrada decana del tribunal capitalino, Laura Emilia Aceves Gutiérrez, la resumió con una imagen: dos ramas de un mismo tronco, unidas sin jerarquía de dignidades.
El origen que se reivindica: Cárdenas y la autolimitación del poder
Más allá del protocolo, el discurso central de la ceremonia contuvo una tesis política de fondo. Aceves Gutiérrez situó el nacimiento del tribunal en 1936, cuando la Ley de Justicia Fiscal impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas creó el entonces Tribunal Fiscal de la Federación.
Su lectura de aquel origen no es menor en el contexto actual: describió la creación del tribunal como un acto en el que el Poder Ejecutivo decidió autolimitar sus propias facultades para que el ciudadano pudiera enfrentar a la autoridad en igualdad de condiciones. “No fue una concesión graciosa: fue un acto de grandeza republicana”, afirmó, y remató con una idea que resuena en el debate contemporáneo sobre el poder: la fortaleza de un Estado no se mide por lo que puede imponer, sino por aquello a lo que voluntariamente se sujeta.
En un momento en que la independencia de los órganos de impartición de justicia domina la conversación institucional del país, reivindicar la autolimitación del poder como valor fundacional no es un gesto neutro.
La jugada operativa: un frente común desde agosto
El anuncio con mayor peso práctico llegó de Amieva Gálvez. A partir de agosto, magistradas y magistrados visitadores del TFJA, en coordinación con la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), recorrerán las salas regionales del país, alineados con las nuevas seis regiones judiciales.
El objetivo declarado es tejer un frente común de comunicación con los justiciables y las autoridades jurisdiccionales locales. Leído en clave institucional, el movimiento consolida una coordinación entre la justicia administrativa federal, la local y su gremio nacional —la misma AMTRIJA que días atrás llevó al Senado una propuesta de reforma constitucional para blindar la independencia de estos tribunales—. La articulación no parece casual: es la construcción de una red que refuerza a un sector del sistema de justicia en plena era de reformas.
La justicia digital como argumento de legitimidad
Un segundo eje del mensaje fue la modernización. Aceves Gutiérrez sostuvo que ambos tribunales dejaron de ser simples resolutores de controversias para volverse garantes de derechos humanos, apoyados en el juicio en línea y la justicia digital que —dijo— han derribado las barreras de la distancia y el privilegio.
El argumento cumple una función: presentar a la justicia administrativa como una rama cercana, accesible y eficiente, en contraste implícito con las críticas de lentitud y elitismo que suelen recaer sobre otros ámbitos del sistema judicial. “La justicia se ha vuelto cercana; la ley verdaderamente es de todos”, planteó la magistrada, quien pidió entender los 90 años no como una cúspide, sino como un umbral.
Por su parte, Amieva Gálvez colocó en el centro de su intervención la dignidad humana como principio rector, reforzado por las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos.
Por qué importa
La justicia administrativa —la que resuelve las controversias entre los ciudadanos y los actos de la autoridad— suele operar lejos de los reflectores, pese a tocar asuntos cotidianos que van de una multa a una licitación pública. Que sus dos principales instancias en el centro del país escenifiquen públicamente su unidad, y anuncien una gira nacional coordinada con su gremio, sugiere que el sector busca ganar visibilidad y cohesión en un momento decisivo.
El trasfondo es el reacomodo del Poder Judicial mexicano tras las reformas de los últimos años. Mientras la justicia federal ordinaria atraviesa su mayor transformación en décadas, los tribunales administrativos parecen apostar por una estrategia distinta: articularse entre sí, apoyarse en la modernización tecnológica y reivindicar un origen histórico —la autolimitación del poder— que funciona, a la vez, como memoria y como defensa. La placa develada es simbólica; la gira que arranca en agosto será la prueba real de si esa hermandad se traduce en incidencia.
