Sheinbaum firma la Ley General de Feminicidio: penas de 50 a 70 años, diez años más que en el borrador de marzo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo declarado de garantizar la cero impunidad mediante la homologación nacional del tipo penal y de los mecanismos de investigación.

El envío cierra la segunda etapa de un proceso que arrancó hace casi cuatro meses. El 24 de marzo la mandataria anunció la propuesta en la mañanera, acompañada de la fiscal general Ernestina Godoy; el 31 de marzo envió al Senado una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia, que el Pleno aprobó por unanimidad de 109 votos el 14 de abril. Tras su paso por la Cámara de Diputados y los congresos estatales, la reforma se publicó el 6 de mayo. Con esa facultad ya habilitada, lo que se firmó ahora es la ley secundaria.

En la conferencia matutina, Sheinbaum planteó que erradicar el feminicidio requiere dos vías: la prevención y la educación en igualdad, y la eliminación de la impunidad. Señaló que la ley busca que todas las fiscalías del país procesen el delito bajo el mismo estándar y evitar al máximo que un feminicidio sea catalogado como suicidio.

La mandataria enmarcó la iniciativa en su condición de primera mujer presidenta y en la incorporación constitucional de los derechos de las mujeres: igualdad sustantiva, vida libre de violencia y eliminación de la brecha salarial. Expuso que el delito registra una disminución de 36% respecto a 2021 según el comunicado oficial —en la conferencia la mandataria se refirió a una baja de 38% en el promedio diario de víctimas—, aunque fijó el objetivo en que no haya ni un solo feminicidio en el país.

Qué cambió respecto al borrador de marzo

El texto firmado no es idéntico al anunciado en marzo. La comparación entre ambas versiones muestra tres ajustes sustantivos:

• La pena mínima subió: de 40 a 70 años en el borrador, a 50 a 70 años en el texto final.
• Las razones de género pasaron de nueve a diez.
• Los agravantes bajaron de 21 a 19.

El endurecimiento de la pena mínima —diez años más— es el cambio de mayor calado y previsiblemente será materia de debate en comisiones.

Un tipo penal único para las 32 entidades

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa establece textualmente que comete feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género.

Entre las diez razones de género figuran signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, motivación por estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría de poder. La pena es de 50 a 70 años de prisión.

Los 19 agravantes que aumentan la sanción en una mitad incluyen que la víctima esté embarazada o viva con discapacidad; que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; que el delito lo cometa una persona funcionaria pública, o que la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además de la prisión, el responsable perderá derechos sucesorios, la tutela, curatela, guarda y custodia, y la patria potestad, y será destituido e inhabilitado para cualquier cargo público.

Sin salidas procesales

La iniciativa prohíbe excusas absolutorias y atenuantes, y declara el delito, su sanción y la reparación del daño imprescriptibles. No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías.

Investigación continua y debida diligencia reforzada

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, expuso que la iniciativa parte de investigar con debida diligencia y perspectiva de género, con análisis de contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

El texto dispone que la unidad o fiscalía especializada que inicie la investigación —y el Ministerio Público adscrito— deberá intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde el inicio hasta la ejecución de las sanciones.

Derechos de las víctimas y reparación

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, detalló el catálogo: acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas, asistencia jurídica especializada y gratuita, atención integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad, restitución o entrega digna del cuerpo, y servicios de traducción e interpretación.

La reparación deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional. La Federación y las entidades federativas implementarán acciones de bienestar con énfasis en hijas e hijos de víctimas, y se establece que personas, medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas.

Entre los mecanismos previstos destacan el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas de concientización, grupos técnicos de apoyo, la actualización de los registros de feminicidios a nivel nacional y Planes Integrales de Protección para víctimas sobrevivientes, articulados por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia.

Gómez Saracibar recordó que el Gobierno opera mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia, 99 espacios de refugio, la línea 079 opción 1 y una red de mil 200 Abogadas de las Mujeres.

¿Por qué importa?

El feminicidio está tipificado en México desde hace más de una década, pero cada entidad lo define, investiga y sanciona con criterios propios. Esa dispersión ha permitido que casos con perfiles similares reciban tratamientos radicalmente distintos según el estado donde ocurran. La homologación apunta a ese vacío, y el trámite constitucional ya avanzó con respaldo unánime en el Senado. Lo que viene ahora es la discusión del articulado, donde los cambios entre el borrador de marzo y el texto firmado anticipan que el contenido sigue en movimiento.